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30/04/2009
Reciente decisión del SAPI acentúa dudas sobre la Propiedad Industrial en Venezuela
Por:  Ricardo Alberto Antequera H.

El pasado 31 de marzo, la oficina de Propiedad Intelectual venezolana (SAPI) publicó una resolución administrativa, decidiendo una oposición presentada en contra de la solicitud para registro como marca de la expresión LECHE VENEZUELA (y logotipo), para identificar productos en la clase internacional 29, “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”.

Dejando para el final de esta reseña las consideraciones estrictamente relacionadas con el derechos marcario que motivaron la decisión del SAPI (la cual declaró sin lugar la oposición y ordenó la concesión del signo mixto LECHE VENEZUELA), y muy al margen de nuestro disentir con el pronunciamiento, existe una cantidad de temas abordados por la decisión administrativa en comento, que preocupan por cuanto confirman:

  1. La poca claridad con la cual viene definiéndose la doctrina administrativa por parte del SAPI, en tiempos en los que existe infinidad de dudas y debates respecto de la legislación aplicable a la fecha en Venezuela en materia de Propiedad Industrial, aumentando la incertidumbre reinante dentro de la comunidad nacional e internacional relacionada con el sistema de derechos de propiedad industrial, y;
  2. La manera abusiva a partir de la cual la autoridad nacional competente está actuando, claramente fuera de los límites de su competencia. 

Lo primero que sorprende, y sin que haya motivación previa alguna, es la violación al artículo 34 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que obliga a los funcionarios de la Administración Pública a decidir las causas en el mismo orden que fueron recibidas.

Siendo que a la fecha el SAPI mantiene pendientes de decisión miles de expedientes relacionados con oposiciones a marcas, y el pasado año apenas publicó 18 resoluciones, resulta increíble que haya obviado el principio de prelación administrativa y decidido una causa que tuvo inicio en 2008.

Sobre este evidente vicio en el procedimiento, sería bueno preguntarse en qué estado se encuentran las miles de causas que están esperando decisión, para el reconocimiento o no de un Derecho de Propiedad Industrial, teniendo en cuenta además que las resultas de la oposición en ningún caso hubiesen afectado la posibilidad de uso del signo LECHE VENEZUELA, por cuanto la oposición no se fundamentaba en un derecho previo (o un mejor derecho) de un tercero, sino en la imposibilidad de monopolizar la palabra VENEZUELA, para productos lácteos.

Con posterioridad, continúa sorprendiéndonos la decisión cuando, contradiciendo los criterios del Aviso Oficial emitido por el propio SAPI en fecha 12 de septiembre de 2008, en el cual, actuando absolutamente fuera de su ámbito de competencia, resolvió desaplicar la decisión andina 486 en materia de Propiedad Industrial, producto de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, y ordenó la aplicación en su integridad de la hasta entonces parcialmente derogada Ley de Propiedad Industrial de 1956, tomó como base normativa aplicable la supuestamente desaplicada Decisión 486 (al igual que la Ley de Propiedad Industrial), conforme a lo alegado por la parte oponente, y acogido también por la empresa solicitante de la marca, en su escrito de defensa.

De esta manera, sigue quedando abierto el debate en cuanto a la legislación aplicable en materia de Propiedad Industrial desde el año 2006, cuando Venezuela se retiró de la Comunidad Andina, tema en el cual urge una decisión del Tribunal Supremo de Justicia a los recursos de interpretación que a la fecha se encuentran pendientes de sentencia.

Por último, y como tema de mayor gravedad, al momento de ordenar la concesión, por considerar que el signo mixto LECHE VENEZUELA sí es registrable para productos lácteos (y sin hacer la deseable aclaratoria que ello no daba ningún monopolio a PDVSA Agrícola para el uso de la palabra VENEZUELA a título de marca), ordenó de oficio RECLASIFICAR la marca (inicialmente solicitada para productos de la clase 29 del Clasificador Internacional de Niza), en la clase nacional 46 del Clasificador de la Ley de Propiedad Industrial, pero EXTENDIENDO el derecho a TODO el rubro de alimentos, incurriendo en una clara violación a la normativa nacional, al incurrir en extra-petita, por cuanto el solicitante de la marca solamente había reivindicado protección para determinados tipos de alimentos, ampliando el SAPI, sin tener ninguna competencia para ello, los derechos de la empresa solicitante para LECHE VENEZUELA.

Hubiese sido deseable como mínimo paliativo a este innegable acto de exceso de atribuciones por parte del SAPI, que en el acto de concesión al menos se hubiese aclarado, como ocurre en muchos países, que el otorgamiento del registro para LECHE VENEZUELA (y logotipo), sólo suponía una protección del CONJUNTO, y no de los elementos aisladamente considerados, todo esto para evitar posibles situaciones de presunta infracción contra terceros que utilicen el término Venezuela dentro del sector alimentos (incluso a título de marca, como parte de un conjunto).

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