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18/01/2007
De la Existencia, Aplicabilidad y Eficiencia de la Legislación de Propiedad Intelectual en Venezuela
Por:  Manuel Antonio Rodríguez

Venezuela no escapa a los procesos de cambios y actualización normativa presente en los países latinoaméricanos, con especial énfasis en el rol de las autoridades competentes para los temas de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI). Ello se evidencia para Venezuela, con mayor fuerza, a partir del  2005, fecha en la que comenzó la aplicación por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de la Providencia Administrativa sobre la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en la Importación y tránsito aduanero de mercancías, así como disposiciones de la Ley contra el Delito de Contrabando, todo ello con base y orientación en el artículo 15 del Arancel de Aduanas que prohíbe expresamente la desaduanización de cualquier producto que vulnere los DPI, impidiendo la importación y tránsito en todo el Territorio Nacional de las  mercancías ilícitas.

La citada Providencia regula de manera clara las actuaciones a seguir por los titulares de derechos y por los funcionarios de la Administración Aduanera y Tributaria cuando exista una presunción de violación de los DPI. Tal presunción de ilicitud se genera ante la ausencia, por parte del consignatario aceptante,  de la autorización válidamente emitida por el titular del derecho. Si no existe tal autorización, por principio general que informa a la Propiedad Intelectual, debe presumirse ilícita la mercancía, salvo que encuadre dentro de algunos de los límites establecidos en la ley, en cuyo caso se procede al levantamiento del Acta de retención o aprehensión respectiva, según el caso.

Posteriormente, le es notificado al titular del derecho las actuaciones practicadas y generalmente se le acompaña una muestra de la mercancía retenida para que se pronuncie sobre la originalidad o no de la misma. Si de este reconocimiento, que no debe considerase una experticia, el titular del derecho manifiesta la posible infracción de sus derechos por no corresponderse la muestra recibida con los estándares de comparación, tanto el titular del derecho presuntamente infringido, como el consignatario aceptante disponen de un plazo para ejercer las acciones legales pertinentes. Si estas acciones no se ejercieren oportunamente operará el comiso de las mercancías.

Estas labores de control aduanal se realizan en la zona primaria y secundaria  de las Aduanas, en las Zonas Francas, Zonas Libres y Depósitos Aduaneros, así como en actividades de Control Posterior, vale decir, cuando la mercancía ya entró en los circuitos comerciales.

Como puede apreciarse, el proceso resulta sencillo, al menos teóricamente. En la puesta en práctica de la Providencia Administrativa, cada vez se obtienen mejores resultados, pues se ha logrado conjugar:

1) El esfuerzo de algunos titulares de derechos quienes entendiendo que el problema de la piratería y la falsificación no es un problema cuya responsabilidad atañe al Gobierno Nacional, han dispuesto su voluntad y recursos para, entre otras actividades:

a) Dictar continuos Talleres de Inducción y Reconocimiento a los funcionarios para que puedan reconocer las infracciones;

b) Brindar apoyo logístico en los Operativos;

c) Poner a disposición de las autoridades data investigativa de interés;

d) Enviar Notificaciones a las Aduanas y otras autoridades informándoles sobre su portafolio marcario y variedad de mercancía que producen o distribuyen;

e) Participando activamente en las labores de responsabilidad social que le corresponden a todas las empresas.

2) La voluntad inequívoca y constante de las autoridades y funcionarios aduaneros y tributarios del SENIAT, quienes a través  del Redimensionado Plan Contrabando Cero, han logrado aplicar con mucho  éxito las disposiciones de la Providencia Administrativa, lo que se manifiesta, no solo en importantes y continúas retenciones de millares de productos falsificados, sino en la instrucción de los procedimientos respectivos, el aseguramiento de lo retenido y la difusión de los operativos efectuados.

En los últimos tres años el ambiente de Observancia de los DPI en Venezuela, al menos lo que se refiere a la práctica de las denominadas Medidas en Fronteras, cambió de manera muy positiva. Creemos que las actualizaciones legislativas sin la aplicación efectiva y rigurosa de la normativa no tiene ningún sentido. Como igualmente carece de valor el que se pretenda criminalizar un amplio abanico de conductas transgresoras, cuando el resultante de tales cambios solo se traduce en normas inaplicables, que a lo más satisfacen el ego de sus proyectistas o la vanidad de algunos sectores, cuyo mayor aporte a la lucha contra la piratería es la crítica al sistema, el “aporte” de normas que aumenten las penas, pero nunca un apoyo irrestricto en cuanto a la puesta en práctica y mantenimiento de programas de cumplimiento de la ley (antipiratería) que se apoyen en las labores del Gobierno.

Es totalmente insuficiente aumentar las penas, o crear nuevos tipos delictivos si los titulares de derechos no ejercen de manera enérgica, decidida y constantes las múltiples acciones que permite la legislación; si evaden el trabajo en conjunto con las autoridades competentes o si pretenden endosar de manera exclusiva,  la problemática de la piratería a los Gobiernos.

No puede producirse disminuciones en los índices de piratería sin la participación de la gran mayoría de los titulares de derechos. La experiencia en Venezuela demuestra de manera inequívoca el éxito de algunos titulares marcarios, al lograr efectivizar sus programas de antipiratería. La realidad del mercado y los números, no mienten.

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