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03/04/2015
Nueva decisi贸n del TSJ en materia de Derecho de Autor. Omisi贸n de legislaci贸n especial
Por:  Johana Macedo

En fecha 14 de agosto de 2012, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, decidió de oficio la demanda por resolución de contrato interpuesta por la empresa “Cenit Records, C.A”.  contra el artista Hany Elías Khawam Rabat por la presunta comisión del delito de comunicación pública no autorizada de obras musicales en el grado de continuidad, tipificado en el artículo 119 de la Ley de Derecho de Autor,y  el artículo 99 del Código Penal.

A este respecto, la Sala emitió pronunciamiento sobre la decisión de un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, que había declarado con lugar la demanda de resolución de contrato presentada por la productora de fonogramas “Cenit Records C.A”. contra el ciudadano HanyEliasKhawam Rabat; declaró resuelto el contrato de representación artística suscrito entre las partes, condenó al demandado a pagar por concepto de cláusula penal y por concepto de la deuda por inversión general de lanzamiento y mantenimiento del artista al mercado nacional, declaró sin lugar la reconvención propuesta por la demandada y condenó en costas.

Para decidir, la Sala Constitucional partió en un primer lugar del análisis de la Constitución en relación con el “contrato de representación artística” y en el que se determinó la violación de los artículos 98, 115 y 299, referidos a la creación cultural, el derecho de propiedad y el régimen socioeconómico en los que se fundamenta el Estado, así como el concepto de Derecho de Autor[1] que realizó en su página web, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Esta sala, también, hizo referencia alos artículos correspondientes a los derechos morales y patrimoniales del autor (artículos 18 a 23 de la Ley de Derechos de Autor) y señaló como desventajosas y leoninas las cláusulas del contrato en cuestión, puesto que el mismo contenía soluciones ventajosas y desproporcionadas para la empresa, tales como la regulación de situaciones atentatorias a los derechos de autor y del artista, e inherentes a su libre desenvolvimiento, cláusulas dinerarias desproporcionadas así como cláusulas penales desfavorables para el artista, entre otras.

La sala encuadró la relación entre el artista y la empresa, como una relación laboral per seregulada por el Derecho del Trabajo ydeterminó el contrato entre las partes, como un contrato de adhesión, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia respecto de la relación laboral.Se hizo menciónal “Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas”,pero solo para señalar la creación musical derivada de la relación laboral y sin hacer mayor análisis y mención de sus normas contentivas.

Los argumentos de la sala en su decisión, como se puede ver, se basaron en la constitución, la legislación civil y laboral, e hicieron una mera mención de la Ley sobre el Derecho de Autor y del Convenio de Berna, textos  que debieron  ser sometidos a un mayor análisis para emitir un fallo, al tratarse de la legislación especial que rige la materia objeto de sentencia.

Como consecuencia de lo anterior, se debió encuadrar la relación entre la empresa y el artista en la Ley sobre Derechos de Autor (regulación correspondiente al ámbito nacional), en específicoal título correspondiente a “De los derechos conexos al derecho de autor” por cuanto las partes del contrato y de la controversia en cuestión, corresponden a un artista que interpreta una obra y por otro lado, se obvió al “productor de fonograma” como aquel bajo cuya iniciativa y responsabilidad se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos.

Es decir, y aunque en el caso específico nos encontramos ante un autor que compone y crea sus obras, el contrato se refiere al de una empresa que representa al artista en sus actuaciones y produce los fonogramas que interpreta, y que a su vez es el autor de las obras que interpreta. Estamos en presencia de la coincidencia de autor y artista, debido a la naturaleza humana del que está compuesto y en el que existe la posibilidad de coexistir ambas figuras, creador e intérprete.

La correcta valoración y determinación del objeto y de las partes del contrato, hubiesen traído como consecuencia la adecuada aplicación de la legislación especial en la materia.

En relación con lo anterior, debiera haberse hecho una referencia y análisis acerca de los derechos conexos a los del autor, que son los que otorgan una protección a quienes contribuyen en el proceso de puesta a disposición del público de la obra.  Y basándose en ello, el marco normativo a seguir en materia internacional sería el de la “Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión” conocida también como la “Convención de Roma” la cual fue aprobada en el año 1995 por Venezuela, así como también el “Tratado OMPI sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas”, también incorporado a nuestra legislación.

Tampoco esta sala, hizo mención del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio” y conocido como “Acuerdo sobre los ADPIC” que establece principios básicos sobre Propiedad Intelectual en relación con el comercio y en específico sobre “Derechos Conexos”.

Esto hubiera podido alejar al sentenciador de la aplicación de la normativa laboral en el presente caso, pues la relación artista-representante no constituye una relación laboral per se sino que está compuesta por una relación jurídica especial regulada por tratados internacionales y  legislación nacional especial en la materia.Así, por ejemplo, lo establece la Sección Quinta de la “Ley de Derechos de Autor” cuando regula los derechos sobre las obras creadas bajo relación laboral o realizada por encargo, por considerarse de naturaleza jurídica distinta y especial.

Se necesita entonces la aplicación de normativa especial, creada específicamente para estos casos. Y el artista no escapa de esta especialidad, puesto que sus interpretaciones, aunque no sean consideradas una obra en el sentido estricto de la palabra, son unaprestación intelectual, producto del talento humano.

Adicionalmente, la ausencia de definiciones y términos propios de la materia en la solución de la controversia, tales como la de “derechos de explotación” (reproducción, distribución y comunicación pública) y  “límites de los derechos de explotación” demuestra la falta de entendimientopor parte de la salaen relación con la materia aplicable al caso en concreto, el Derecho de Autor,reconocido como un derecho humano establecido así por la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

De haberse tomado en cuenta la legislación antes mencionada, la sala hubiera podido encuadrar las estipulaciones del contrato dentro de la normativa especial; tales como la remuneración de las partes, la cesión de derechos, las estipulaciones referidas al incumplimiento del contrato, el establecimiento de condiciones sobre obras no creadas para la fecha del contrato, entre otras, y en consecuencia, pudo haberseemitido una decisión equilibrada y justa para las partes en controversia.

La efectiva protección de los autores debe ser primordial en una sociedad que desee para sí, el progreso y el justo trato, pero también la protección de los derechos conexos (artistas, intérpretes, ejecutantes y productores)contribuye al mantenimiento en el tiempo de las expresiones culturales y del arte. El fortalecimiento cultural se logra a través de la protección de actores económicos, como lo son los productores y representantes que se encuentran dentro de la cadena creativa de la cultura y que coadyuva a su vez, al desarrollo económico de la sociedad.

El desconocimiento de los derechos por parte del sistema judicial traerá como consecuencia la violación de los mismos. La inaplicación de la materia por falta de investigaciónde la legislación correspondiente, siendo tan claros los términos en los que se plantea el litigio, deriva en la violación de los derechos establecidos como especiales y cuya protección es indispensable para el desarrollo de la sociedad.

 



[1] “(e)s el derecho que posee el autor sobre sus creaciones sean estas obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas o audiovisuales. Este derecho nace con el acto de creación y no por el registro de la obra, sin embargo es importante registrarlas para reforzar los derechos  morales y patrimoniales del creador frente a la voracidad capitalista y el plagio”. http://sapi.gob.ve/?q=node/21

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