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09/09/2013
El arancel de aduanas, las medidas en frontera y MERCOSUR
Por:  Manuel Antonio Rodríguez

El ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR conlleva la obligación de adecuar sus normas, amén de sus instituciones, a todos los protocolos y formas que el marco comunitario exige. Y no podría ser de otra manera, pues así loimpone el artículo 40 del Protocolo de Ouro Prieto (Capítulo IV) sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR, por el cual los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar en sus territorios,  el cumplimiento de las normas que emanen del mismo.

De toda esta normativa comunitaria destaca, respecto a la Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, la Directiva No. 32/08 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a la “Norma de Control Aduanero en las Administraciones Aduaneras de MERCOSUR”, cuya finalidad, además de consolidar la Unión Aduanera y establecer un Mercado Común, buscó establecer procedimientos de control eficaces e inteligentes que conlleven garantizar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y tributarias, homogenizando acciones, facultades y atribuciones de los Estados Partes, con la finalidad de aplicar procedimientos de control aduanero comunes que resulten efectivos.

Con la reciente publicación del Arancel de Aduanas (Gaceta Oficial No. 6097 Extraordinaria  del 25/03/2013), que establece en su artículo 33: “Se prohíbe en todo el Territorio Nacional la importación y reexportación de mercancías que violen Derechos de Propiedad Intelectual válidamente reconocidos”, el país se ajusta aún más a la Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, constituyendo una base legal de inobjetable interés procedimental para la temática de las Medidas en Fronteras. Si bien el derogado Arancel de Aduanas (2005) contemplaba en su artículo 15 un contenido similar, en la redacción vigente se suprimió la palabra tránsito, incluyendo la conducta de reexportar. 

Al relacionar la citada realidad normativa patria, con lo dispuesto la Ley sobre el Delito de Contrabando (Gaceta Oficial No. 6017 Extraordinaria, del 30/12/ 2010) vemos adecuación teleológica, ya que el artículo 26, numeral 4º, dispone como circunstancia agravante del contrabando, el hecho que las mercancías lesionen los derechos de Propiedad Intelectual, con lo que la pena podría ser aumentada en la mitad. Anterior a esta Ley, ya había marcado el rumbo la Providencia Administrativa No. 2005/0915 del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en cuyo texto se aplica, de modo general, el sentido y alcance de las previsiones del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual para el Comercio (ADPIC), ajustándolo al contexto estructural y logístico de los mecanismos de control  aduanero que ejercen las autoridades competentes.

De tal modo que el país, en lo que respecta a las Medidas en Fronteras, puede afirmar que dispone de la base normativa mínima para cumplir con las obligaciones de naturaleza formal previstas en el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Decisiones inherentes o relacionadas con la materia, tal como la Decisión 1/97 “Convenio de Cooperación y Asistencia recíproca entre las Administraciones de Aduanas del MERCOSUR relativo a la prevención y lucha contra los ilícitos aduaneros”, faltándonos transitar el largo camino de adecuar las estructuras de trabajo, en sus distintos niveles, a las que ya tienen los otros Estados Partes. Es obviamente un compromiso grande,  en el que se debe trabajar arduamente, pero que paulatinamente irá beneficiando al país y, por ende, generando un mayor respeto a la Propiedad Intelectual.

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