English / Español
Nuestra Firma Profesionales Artículos Noticias Contacto y Consultas
Servicios
Propiedad Intelectual
Derecho de Autor
Patentes
Marcas
Defensa de Derechos
Antipiratería y Aduanas
Resolución Alternativa
Litigios
Competencia Desleal
Áreas Relacionadas
Deportes y Entretenimiento
Valoración

04/04/2013
La Nulidad de Patentes en Venezuela - Sentencia que aclara las normas aplicables
Por:  Ricardo Enrique Antequera

 

Una reciente sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, aclara una situación que mantenía cierta incertidumbre en los titulares de derechos de propiedad intelectual en Venezuela y referida a la normativa aplicable en los procesos de nulidad de patentes.[1]

Esta situación se deriva a partir del retiro de la República Bolivariana de Venezuela del sistema de la Comunidad Andina, a través de la denuncia del tratado el día 22 de abril de 2006, y la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial del año 1956.

Es justamente el asunto del tránsito legislativo desde la legislación comunitaria andina a la Ley de Propiedad Industrial, lo que es motivo de decisión por la sentencia No. 2012-2107 de fecha 19 de diciembre de 2012 en el proceso DR REDDY´S LABORATORIES LIMITED VENEZUELA S.A. vs.  Eli Lilly and Company.

a) Antecedentes.

El día 22 de abril de 2006, el gobierno venezolano denunció el Acuerdo de Cartagena, retirándose de la Comunidad Andina. En ese momento comenzó la discusión e incertidumbre sobre el destino de las normas comunitarias.

Sin embargo, la Oficina Nacional Competente en materia de otorgamiento de derechos de Propiedad Industrial (SAPI), así como los Tribunales de Justicia y demás entidades con atribuciones en materia de defensa de derechos, pacíficamente y por más de 2 años posteriores a la denuncia de Venezuela del Acuerdo de Cartagena, continuaron aplicando la normativa andina.

Este criterio cambió mediante aviso oficial de fecha 12 de septiembre de 2008, más de dos años después de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, el SAPI, claramente actuando fuera de sus competencias y mediante un aviso de prensa, informó sobre  la desaplicación la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en materia de Propiedad Industrial, declarando como legislación aplicable a la Ley de Propiedad Industrial de 1956. Posterior a este aviso oficial, se han dictado varias sentencias por parte de los órganos judiciales venezolanos reiterando este criterio, aunque sea controvertido por parte de la doctrina más calificada.

La Ley de Propiedad Industrial es un cuerpo normativo que respondía a una realidad del país que hoy podríamos calificar de semi-urbano, atendiendo a las realidades industriales y tecnológicas de la época, y dentro de un entorno mundial donde conceptos como “globalización“ e “integración” entre los Estados, era poco menos que una utopía.[2]

Dentro de los aspectos más conflictivos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial es la exclusión de patentabilidad de productos farmacéuticos, bebidas y artículos alimenticios[3], con el perjuicio que esto conlleva en cuanto al fomento de la investigación y desarrollo en nuestro país, para los mencionados sectores industriales. 

Este cambio legislativo entonces planteaba la incertidumbre en los titulares de patentes, principalmente dentro de las industrias farmacéuticas y alimentos, sobre si las normas de la Ley de Propiedad Industrial le serían aplicadas a sus patentes en vigencia, a los efectos de obtener su nulidad. Esta situación fue generada por las resoluciones del Ministerio del Poder Popular para el Comercio (MPPC) del 22 de diciembre de 2009, mediante las cuales se declaró la nulidad absoluta de las patentes Nos. A-058097 y A-054057 de Bayer Healthcare[4]

 b) La Sentencia 2012-2107.

Dr. Reddy´s Laboratories Limited Venezuela S.A. (Dr Reddy´s) presentó un recurso de nulidad en contra de la patente No. A-57.369 cuyo objeto es el principio "Olanzapina" y su titularidad le corresponde a la empresa Eli Lilly and Company.

La pretensión de Dr. Reddy´s se fundamenta en que, bajo su criterio, la Decisión 344 de la entonces Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa mediante la cual fue tramitada y concedida la patente No. A-57.369, nunca estuvo vigente en Venezuela al no haber sido aprobada por el Congreso de la República, y como tal, las normas aplicables para determinar su patentabilidad era las contenidas en la Ley de Propiedad Industrial de 1956, que como mencionamos, contiene una exclusión expresa para productos farmacéuticos.

Admitido el recurso de nulidad, Eli Lilly and Company (Eli Lilly) apela el auto de admisión, entre otras razones, por considerarlo extemporáneo. En este sentido, Eli Lilly señala que el lapso de nulidad en contra de la patente No. A-57.369 venció a los 6 meses posteriores a su concesión, y que el recurso es interpuesto 15 años y 7 meses después de emitido el acto impugnado.

Cabe destacar que la Decisión 344 establecía la imprescriptibilidad de la acción de nulidad en contra de patentes.

Correspondía entonces a la Corte determinar en primer lugar si la referida Decisión 344 estuvo efectivamente vigente en Venezuela, y si este fuera el caso, si sus normas aplican para determinar la legalidad de la patente A-57.369.

Sobre el primer aspecto, la Corte expresamente señaló que:

 "....que para el momento en que fue otorgada y publicada la patente cuya nulidad se solicita, la normativa aplicable al régimen de propiedad intelectual en Venezuela, era determinado por la legislación emanada de la Comunidad Andina de Naciones, creada a partir del Acuerdo de Integración Subregional Andino mejor conocido como ´Acuerdo de Cartagena´." (subrayado nuestro).

La Corte no solamente posteriormente reitera la vigencia de la Decisión 344 para el momento de la concesión de la patente, sino que además se refiera a la aplicación de sus normas en el caso de la nulidad de la patente  A-57.369, y específicamente sobre la imprescriptibilidad de la acción, se refiere de la siguiente manera:

"Observamos entonces que, para el momento en que fue publicado en el Boletín de Propiedad Intelectual, el otorgamiento de la patente cuya nulidad se requiere -6 de agosto de 1999-, Venezuela era parte de la referida Comunidad, por lo cual era objeto de aplicación de la normativa emanada de la misma, apreciando que para ese momento la Decisión 344 era la normativa andina aplicable en materia de propiedad intelectual, publicada en fecha 20 de octubre de 1993 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y en Gaceta Oficial Extraordinario Nº 4676 de la República de Venezuela, (sustituida luego por la Decisión 486); razón por la cual ha de revisarse lo referente a los lapsos para demandar la nulidad de las patentes conforme a dicha norma..." (subrayado nuestro)

Culmina la Corte al referirse a la aplicabilidad de las normas para evaluar la legalidad de un derecho de Propiedad Industrial, habrá necesariamente que acudirse a aquellas vigentes para el momento de su otorgamiento:

"...partiendo del contenido de la Disposición Transitoria de la Decisión 486 que expresó claramente que todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la misma se regiría por la legislación vigente al tiempo de su otorgamiento, salvo en lo relativo a su duración y en cuanto al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas.

 

c) Conclusiones.

Definitivamente, la sentencia 2012-2107 cambia el mal aplicado criterio del Ministerio del Poder Popular para el Comercio (MPPC) en sus resoluciones del 22 de diciembre de 2009, al expresar claramente que la Decisión 344 tuvo plena vigencia en Venezuela. Ello es cónsono además, con múltiples fallos de diversos tribunales del país, que aplicaron la normativa de esta Decisión para resolver diversas controversias relacionadas con derechos de propiedad industrial sin que su vigencia haya sido controvertida.

E igualmente importante resulta para la seguridad jurídica de los titulares de derechos de propiedad industrial en Venezuela, que la sentencia 2012-2107 aclara que las normas de la Ley de Propiedad Industrial de 1956 no serán de aplicación retroactiva para analizar la validez de aquellos derechos otorgados antes de la renuncia de Venezuela a la Comunidad Andina el 22 de abril de 2006.    



[1] Expediente No. AW41-X-2012-000008 - http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2012/diciembre/1477-19-AW41-X-2012-000008-2012-2107.html

[2] V. http://www.antequera.com.ve/index.php?mod=articles&exec=detail&id=87

[3] Art. 15.1. Aunque decisiones anteriores a 1993 aceptaron pacíficamente el patentamiento de los procesos de fabricación.

[4] V. http://www.antequera.com.ve/index.php?mod=news&exec=detail&id=153 

 

<< Volver a la página anterior
Descargar Artículo
No hay archivo para descargar
Nuestra Firma | Profesionales | Artículos | Noticias | Contacto y Consultas | Limitación de Responsabilidad | Política de Privacidad
© 2009 Estudio Antequera Parilli & Rodríguez, S.C. R.I.F. J-30863395-0
Miembros de Global Advertising Lawyers Alliance
Diseño del Sitio Web: TM Conceptos C.A.